La asociación ciudadana EKI ubicada en Oion ha endurecido su postura frente a la gestión de la Cuadrilla de Rioja Alavesa. Tras las declaraciones de su presidente, Txema Elvira, al medio ZUK, la entidad ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades y prevaricación administrativa. El conflicto radica en la inadmisión de una revisión de oficio de un expediente con indicios de nulidad, decisión que el mandatario justifica con argumentos que la entidad califica de jurídicamente insostenibles.
Informe externo versus legalidad vigente
Elvira explicó que reclamaron un informe jurídico porque la Interventora no era abogada. «Habríamos prevaricado si no hubiéramos solicitado ese informe», aseguró, mostrando extrañeza por la denuncia penal al no agotarse la vía administrativa. Sin embargo, EKI recuerda que los Interventores Habilitados Nacionales poseen potestad legal para fiscalizar la legalidad. Sustituir su criterio técnico por informes externos «a medida» es una maniobra para dotar de falsa apariencia jurídica a una decisión política previa. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy clara: buscar informes de complacencia para evitar procedimientos obligatorios constituye prevaricación.
La vía penal como única respuesta ante el bloqueo
Frente al argumento de Elvira de que se podía haber recurrido por vía administrativa, la asociación subraya que la vía penal es independiente ante indicios de criminalidad. No es una discrepancia interpretativa, sino una presunta inadmisión arbitraria. Impedir la revisión de oficio ignorando los cauces legales motiva la investigación fiscal. EKI insiste en que la administración debe revisar sus propios actos ante nulidades de pleno derecho. La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades penales derivadas de este bloqueo sistemático, mientras la ciudadanía observa cómo se priorizan informes externos sobre los controles internos establecidos por la ley para garantizar la transparencia institucional en la comarca.
Txomin Ruiz.