La Junta Administrativa de Labraza ha dictado este mes una resolución de emergencia que pretende frenar de golpe los trabajos del Parque Eólico Labraza en territorio municipal. La entidad local ha ordenado la paralización inmediata de todas las obras que la mercantil Aixendar, S.L. y su contrata Ecay Construcciones venían ejecutando en los caminos rurales de Matarredos y Las Llanas, descubiertos en inspecciones recientes, tras constatarse que carecían absolutamente de autorización administrativa.
La resolución, aprobada por mayoría cualificada en asamblea vecinal extraordinaria el pasado 18 de diciembre, no solo exige el cese inmediato de los trabajos y la retirada de maquinaria en un plazo máximo de 48 horas, sino que abre la puerta a sanciones administrativas muy graves e incluso a la vía penal por usurpación y desobediencia a la autoridad.
Obras «a la fuerza» en patrimonio público
Según el acta de inspección, los equipos técnicos certificaron la presencia de retroexcavadoras, apisonadoras y camiones volquete realizando movimientos de tierra, ensanchamientos de entre 2 y 15 metros adicionales, y tala de vegetación arbórea (entre 100 y 200 árboles) en un camino que ha pasado de 3-4 metros de anchura original a 15-20 metros. Todo ello sin que la empresa hubiera solicitado jamás permiso a la titular de los caminos: la propia Junta Administrativa.
«No pedirán perdón por lo que no han pedido permiso», podría resumir la situación. La empresa sólo había formulado solicitud para el Camino de Bustago —ya denegada expresamente el 17 de noviembre mediante informe desfavorable—, pero decidió iniciar parallelamente trabajos en Matarredos y Las Llanas en «absoluta ausencia de título administrativo», según consta en la resolución.
De la oposición al expediente sancionador
La medida no sorprende en un contexto de conflicto prolongado. La Junta lleva manifestando desde 2023 su «oposición frontal» al proyecto del parque eólico de 40 MW. Sin embargo, el salto cualitativo ahora es el paso a la vía ejecutiva: la entidad ha incoado ya un expediente de recuperación posesoria de los bienes de dominio público y advertido a las empresas de que la continuación de las obras pese a la orden puede suponer delitos penales sancionados en el Código Penal.
En caso de incumplimiento, la Junta se reserva el derecho a ejecutar por sí misma la retirada de maquinaria (facturando los costes a las empresas), imponer multas coercitivas de 150€ mensuales mientras persista la infracción, y solicitar el auxilio de la Ertzainza para impedir el acceso al lugar.
«Estamos ante una ocupación ilegal de bien de dominio público y daños irreversibles a un ecosistema con tiempos de recuperación muy dilatados«, señala la documentación técnica. La resolución subraya la «urgencia manifiesta» de actuar para evitar que los daños sean definitivos, justificando así la omisión del trámite de audiencia previa.
Txomin Ruiz.