📌EKI denuncia la campaña de amianto en los Garbigunes de Álava: «están poniendo un cancerígeno en manos de vecinos sin protección»


La asociación ciudadana EKI ha presentado formalmente una denuncia ante la Cuadrilla de la Rioja Alavesa, el Ayuntamiento de Oion y la Diputación Foral de Álava, exigiendo la paralización cautelar inmediata de la campaña institucional «Llega la recogida de amianto a los Garbigunes», prevista en los puntos limpios de Nanclares, Campezo y Oyón. Según EKI, la iniciativa pone en grave riesgo tanto a la ciudadanía como a los trabajadores de estas instalaciones.

Un cancerígeno en manos de vecinos sin protección

El núcleo de la denuncia es contundente: en lugar de asumir el coste de una retirada profesional, las administraciones están animando a particulares sin formación ni equipos de protección a desmontar, cargar y transportar placas de fibrocemento con amianto en sus propios vehículos. La campaña permite entregar hasta 10 m² de material o 200 kg a particulares de obra menor, lo que en la práctica implica manipulaciones caseras de un agente cancerígeno de Categoría 1A, cuyo único nivel de exposición seguro es cero. Romper esas placas libera microfibras de asbesto al aire, con consecuencias potencialmente mortales para familias enteras y su entorno.

La asociación EKI exige parar de inmediato la campaña de recogida de amianto en los Garbigunes de Álava: «Es una temeridad inaceptable»

Una campaña que vulnera la ley

El informe jurídico que respalda la denuncia señala que la campaña infringe el Real Decreto 396/2006, que prohíbe manipular amianto a cualquier empresa o persona no inscrita en el RERA y exige un Plan de Trabajo aprobado por la Autoridad Laboral. También contradice la Orden Foral 300/2014 que regula los propios Garbigunes, instalaciones que no están diseñadas para recibir residuos peligrosos de alta volatilidad ni cuentan con cabinas de descontaminación ni mascarillas P3 para su personal.

EKI ha dado un ultimátum de 24 horas para la suspensión de la campaña. Si no se produce, llevará el caso ante OSALAN, la Inspección de Trabajo y la Fiscalía de Medio Ambiente y Salud Laboral del País Vasco, con posibles responsabilidades penales para los cargos públicos implicados.

Txomin Ruiz.

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