Había dinero suficiente para financiar todas las solicitudes admitidas, por lo que las exclusiones no se deben a la falta de presupuesto, sino a los motivos recogidos en la resolución.
Dos ayuntamientos, dos motivos de exclusión
Labastida y Laguardia se quedan fuera del reparto de ayudas de la Diputación Foral de Álava para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler social o protegido.
Entre ambos municipios habían solicitado 456.068,11 euros, una cantidad que finalmente no llegará a Rioja Alavesa por los motivos recogidos en la resolución publicada este miércoles en el BOTHA.
En el caso de Labastida, que aspiraba a conseguir 138.402,22 euros, la propuesta de rehabilitación no permitía obtener ninguna vivienda susceptible de alquilarse. Laguardia, por su parte, había solicitado 317.665,89 euros, pero la Diputación ha rechazado su petición porque el Ayuntamiento no es propietario ni titular de derechos de uso o disfrute sobre el inmueble que pretendía rehabilitar.
La exclusión de ambos municipios no se debe a que otros pueblos hayan obtenido más puntos o a que se hayan agotado los fondos. La convocatoria contaba con cuatro millones de euros, pero las solicitudes que cumplían los requisitos solo sumaban 2.568.964,61 euros. Había dinero suficiente para financiarlas todas, por lo que no fue necesario establecer una clasificación para repartir las ayudas.
La otra cara de la moneda está en Lanciego.
El municipio recibirá 288.000 euros para su proyecto de rehabilitación, que cuenta con un presupuesto subvencionable de 402.960 euros. Aunque el porcentaje previsto permitiría una ayuda superior, el límite establecido por los módulos reduce la cantidad concedida.
En total, la Diputación repartirá 2.568.964,61 euros entre las actuaciones admitidas. Fuera de Rioja Alavesa, también ha quedado excluida la Junta Administrativa de Azazeta por no solicitar dentro del plazo la licencia municipal de obras.
Las ayudas contemplan un primer pago del 50 % antes del 31 de diciembre de 2026, condicionado a la presentación de la licencia de obras o del documento legal equivalente. Los ayuntamientos beneficiarios dispondrán de 24 meses desde la publicación de la resolución para ejecutar las rehabilitaciones.
Txomin Ruiz.