Cuando la Diputación anunció su campaña para recoger amianto en los garbigunes, entre ellos los de Oion, Nanclares o Kanpezu, en Rioja Alavesa saltaron las alarmas. La Asociación Ciudadana EKI fue la primera en poner el dedo en la llaga. La campaña admitía «residuos domésticos y de obra menor de particulares», con un tope de 10 m2 de placas de cubierta o 200 kg para el resto de elementos. Dicho de otro modo: que cada vecino desmontara, embalara y transportara por su cuenta un material cancerígeno.
De la queja vecinal a una moción
Esa preocupación no se quedó en la comarca. Elkarrekin Podemos IU recogió la denuncia de EKI en una moción, consiguió que la campaña se paralizara y abrió negociaciones con la Diputación. El miércoles, el Pleno de las Juntas Generales de Araba cerró un acuerdo con los grupos que sostienen al Ejecutivo foral.
Por qué no es un asunto menor
El portavoz de la coalición, David Rodríguez, lo explicó sin rodeos: las personas que trabajan en los garbigunes no están contratadas, formadas ni protegidas para manejar materiales cancerígenos volátiles. Además, la ley es clara. Cualquier retirada o transporte de amianto tiene que hacerlo una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), con un plan de trabajo aprobado por Inspección de Trabajo. Animar a la gente a quitar placas de fibrocemento en casa, advirtió, carece de cobertura legal y puede suponer una exposición directa a un agente cancerígeno de categoría 1.
Lo que se ha acordado
El pacto tiene tres patas. La primera, que la Diputación elabore en tres meses un estudio para completar el plan de recogida de amianto doméstico a domicilio, hecho solo por empresas certificadas y con trazabilidad total del residuo, desde la casa hasta su depósito final seguro. La segunda, que apoye y colabore con cuadrillas y entidades locales para que esa recogida sea posible en todo el territorio. Y la tercera, que ayude a difundir entre ayuntamientos y ciudadanía el protocolo de gestión de estos residuos.
Y ahora, el siguiente paso
Rodríguez habló de un «primer paso» y puso la mirada en 2027. Confía en que el estudio dé los parámetros técnicos y económicos necesarios para que el plan pueda financiarse con cargo a los presupuestos forales. Habrá que ver si llega a tiempo y con qué alcance, pero el punto de partida está claro: una queja que nació en Rioja Alavesa ha movido el debate hasta las Juntas Generales.
Txomin Ruiz.