El sindicato ELA se ha hecho eco de un reciente estudio de Ecologistas en Acción (EeA), el cual alerta sobre la burbuja existente en el sector de las energías renovables y los problemas que acarrea la falta de planificación en la instalación de proyectos. En particular, el informe destaca la ineficiencia que supone poner en marcha un exceso de potencia fotovoltaica.
Según el estudio, un sistema de energía renovable distribuida se presenta como una alternativa más sostenible en comparación con los grandes proyectos de energía renovable. El objetivo del informe es cuantificar la potencia renovable que es razonable instalar en España, centrándose en la capacidad del sistema eléctrico para absorber la energía generada por estas fuentes. El estudio revela que un incremento desmesurado de la potencia instalada puede resultar en pérdidas significativas de energía, especialmente en el caso de la fotovoltaica, que experimenta picos de generación durante las horas centrales del día. Este fenómeno, que ha sido creciente en los últimos años, se debe a la saturación de ciertos nodos de la red.
«El auge solar multiplica por siete la potencia instalada, pero desata tensiones en el territorio»
La situación podría intensificarse notablemente si se llegaran a concretar todos los proyectos fotovoltaicos que actualmente tienen las grandes empresas energéticas en tramitación. Según el informe de EeA, el boom de la energía solar fotovoltaica ha llevado a multiplicar por siete la potencia instalada en el país entre 2019 y 2024. Aunque este rápido crecimiento puede tener efectos positivos en la reducción de la huella de CO2 del sector eléctrico, también genera polémica y tensiones en los territorios, ya que la gran cantidad de proyectos y su concentración en determinadas regiones pueden impactar negativamente en la biodiversidad, el sector primario y el paisaje.
Además, la instalación de paneles solares requiere el uso de miles de hectáreas para las infraestructuras necesarias, incluyendo tendidos eléctricos y subestaciones, lo que conlleva un amplio espectro de actividades que afectan el entorno. EeA estima que gran parte de la potencia fotovoltaica necesaria podría implementarse en zonas urbanas o ya antropizadas, lo que sugiere que la potencia que sería razonable instalar en suelo natural es considerablemente menor a la de los proyectos propuestos.
Con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2040, el informe subraya que es posible lograrlo mediante una significativa reducción del consumo energético, la electrificación de diversas áreas y el establecimiento de una generación eléctrica 100 % renovable para 2030. Para lograr estos objetivos, es esencial combinar de manera inteligente el aumento de la generación renovable, la cercanía al consumo, el almacenamiento, las interconexiones y un equilibrio entre diferentes fuentes de energía. Todo ello debe realizarse teniendo en cuenta los impactos ambientales y económicos, lo que hace imprescindible una planificación adecuada y justa en el desarrollo de las energías renovables.
«ELA propone una transición energética justa: energía pública, descentralizada y al servicio de la ciudadanía»
El sindicato ELA aboga por un modelo energético que priorice las necesidades de la ciudadanía sobre los intereses empresariales. Según su visión, la generación de energía debe ser pública y ajustarse al consumo necesario para vivir, evitando la sobreproducción destinada al negocio. Para ello, es esencial una planificación adecuada que mida y reduzca el consumo excesivo actual. Esta planificación debe realizarse a través del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, garantizando transparencia y participación ciudadana.
Sin embargo, ELA critica que el Gobierno Vasco ha utilizado el PTS para facilitar la construcción de macroinstalaciones por parte de grandes empresas energéticas, sin priorizar la reducción del uso de energía fósil ni considerar criterios de protección de la naturaleza. El sindicato defiende un modelo de generación renovable de menor tamaño y descentralizado, con instalaciones públicas que permitan un control social efectivo y minimicen los daños al entorno. Este enfoque busca reemplazar al máximo la energía fósil, reconociendo que la electrificación tiene límites y que la ubicación de las instalaciones debe ser cuidadosamente planificada.
Txomin Ruiz.