El grupo juntero EH Bildu Araba ha decidido llevar al pleno una interpelación al diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, para preguntarle abiertamente por sus planes con el servicio de valoración de la discapacidad. La portavoz de la formación, Eva López de Arroyabe, lo explica sin rodeos: quieren que el diputado aclare con transparencia si su intención es mantener y reforzar el modelo público, o si está dando pasos hacia una gestión privada.
Una puerta de entrada que no puede quedar en manos del mercado
Para entender por qué esto preocupa tanto a EH Bildu, hay que saber qué es exactamente este servicio: la valoración de la discapacidad es la llave que abre el acceso a todo el Sistema Vasco de Servicios Sociales. Gracias a ella, las personas pueden acceder a residencias, centros ocupacionales, el bono taxi o el servicio de respiro, entre otros recursos. Por eso, la licitación publicada para externalizar parte de este equipo de valoración ha encendido las alarmas: para EH Bildu, abre la puerta a evaluaciones menos transparentes, guiadas por criterios económicos, y a un empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras.
Un cambio de baremo que llegó sin la planificación necesaria
La procuradora de EH Bildu, Claudia Venceslao, repasa cómo se ha llegado a esta situación. En abril de 2023 entró en vigor un nuevo baremo de valoración, mucho más completo y ajustado a la realidad de cada persona, pero también más exigente técnicamente. Según Venceslao, la Diputación no se preparó lo suficiente para esa transición, a pesar de que se conocía con antelación: hubo errores como contratar el primer equipo adicional mediante una fórmula temporal, repartir a los equipos en locales distintos, o dejar la jefatura del servicio sin cubrir durante meses.
EH Bildu recuerda que, gracias a su acuerdo presupuestario de 2025, se logró incorporar un cuarto equipo completo, lo que ha permitido reducir los plazos de espera para el dictamen en un 14,5% este año. Por eso, a la formación le resulta difícil entender que, justo cuando esos equipos funcionan bien, se opte por sacar a concurso la contratación de equipos externos, pagando de forma distinta según el tipo de informe (médico, sanitario, psicológico o social), algo que el propio Colegio de Trabajadoras Sociales ya ha criticado por generar desigualdad entre profesionales.
La Junta de Personal del Instituto Foral de Bienestar Social, las propias trabajadoras del servicio y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Araba han mostrado también su rechazo a esta medida, que consideran el primer paso hacia la externalización de un servicio que hasta ahora ha sido completamente público. Como resume López de Arroyabe, hablar de discapacidad es hablar de derechos, y eso exige servicios públicos sólidos, estables y de calidad.
Txomin Ruiz.