La Diputación Foral de Álava ha decidido suspender temporalmente la campaña «Llega la recogida de amianto a los Garbigunes» después de que la asociación ciudadana de Rioja Alavesa EKI presentara el pasado 19 de mayo una denuncia formal exigiendo su paralización inmediata. La respuesta de la institución llegó el 21 de mayo firmada por la directora de Medio Natural, María José Madeira García, y reconoce la necesidad de aclarar el alcance del procedimiento antes de seguir adelante.
La campaña pretendía habilitar los puntos limpios de Nanclares, Campezo y Oion para que los particulares pudieran depositar pequeñas cantidades de fibrocemento con amianto. EKI alertó de que la iniciativa incitaba a los ciudadanos a desmontar, manipular y transportar por su cuenta un material cancerígeno de Categoría 1A, sin la formación ni los equipos de protección necesarios, en una actuación que según la asociación vulneraba el Real Decreto 396/2006 y la propia Orden Foral 300/2014 que regula la red de garbigunes de Álava.
La Diputación defiende su protocolo pero echa el freno
En su respuesta, la DFA rebate punto por punto los argumentos de EKI. La institución sostiene que la campaña no incita a ningún desamiantado ilegal, sino que da respuesta a una obligación legal: la Ley 7/2022 de residuos impone a las entidades locales la recogida separada de residuos domésticos peligrosos, categoría en la que entra el fibrocemento en manos de particulares. La Diputación añade que el servicio estaría en todo momento a cargo de empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), con sus correspondientes planes de trabajo aprobados, unidades de descontaminación y personal especializado. Los trabajadores del garbigune, aclara, no habrían manipulado en ningún momento el material.
La institución recuerda también que modelos similares funcionan ya en Cataluña y en otros territorios del País Vasco, y que la propia Orden Foral 300/2014 contempla el fibrocemento como residuo admisible bajo autorización específica.
Sin embargo, y pese a defender la legalidad y seguridad del procedimiento, la Diputación ha optado por suspender el servicio mientras estudia las cuestiones planteadas. La decisión no es un reconocimiento de los fallos denunciados, pero sí una señal de que las dudas generadas merecen una respuesta más pausada antes de poner en marcha una campaña de estas características.
Un logo usado sin permiso y una invitación al diálogo
La respuesta foral contiene además un dato llamativo: la Cuadrilla de Rioja Alavesa difundió la campaña utilizando el logotipo de la Diputación sin haber recibido autorización previa para ello. La DFA había trasladado el procedimiento a la Cuadrilla para que lo pusiera en conocimiento de la ciudadanía, pero la Cuadrilla lo difundió por su cuenta y con el logo institucional, lo que añade un flanco incómodo a la gestión del asunto.
En este contexto, la Directora de Medio Natural ha invitado a la asociación EKI a mantener una reunión informativa para aclarar el alcance del protocolo, exponer las garantías técnicas previstas y atender cualquier duda. La pelota está ahora en el tejado de ambas partes: la Diputación con el reto de demostrar que su procedimiento es realmente seguro, y EKI con la oportunidad de trasladar sus argumentos directamente a quienes toman las decisiones.
Txomin Ruiz.