Los plenos de Oion y Labastida han dado un paso al frente. A través de una iniciativa impulsada por EH Bildu, ambos consistorios han reclamado que el 50% del canon sobre instalaciones renovables, recogido en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, quede en manos municipales.
La ley nació con un objetivo claro: compensar los impactos negativos que la implantación de parques renovables en suelo no urbanizable genera sobre el territorio y el medio natural. Y ahí está la clave del reclamo, porque son precisamente los ayuntamientos quienes cargan con la mayor parte de las medidas para paliar esos efectos del cambio climático, aplicando hasta el 70% de la legislación europea en la materia. Nada menos que un tercio del gasto público y dos tercios de la inversión pública recaen sobre sus hombros.
Quién decide y quién sufre las consecuencias
Sin embargo, el decreto que desarrolla la ley ha dejado a los municipios fuera de la ecuación: será el Gobierno vasco quien recaude el canon y quien determine, en solitario, el destino de esas inversiones.
«Si el objetivo del canon son las afecciones e impactos ambientales negativos causados por estas instalaciones, y su ordenación es competencia municipal, los ayuntamientos deberían ser partícipes de los ingresos recaudados», han defendido desde ambos consistorios. Y no hablan por hablar: son ellos quienes conocen de primera mano, sobre el terreno, cómo afectan estas instalaciones a su territorio. Por eso insisten en algo que consideran de sentido común: sin participación municipal directa, el canon difícilmente cumplirá el objetivo para el que fue creado.
Txomin Ruiz.